La labor parlamentaria para fiscalizar resultaría inviable sin el concurso de una garantía institucional que la proteja para descubrir y señalar irregularidades en la gestión gubernamental.
Por Carlos Hakansson. 02 abril, 2019.
Fuente: Expreso
La propuesta de excluir en la reforma política la inmunidad parlamentaria, merece una reflexión que se detenga más en su finalidad que en el acontecer político. No cabe duda que existe una crisis de representatividad desde el Congreso, la ciudadanía sabe que sus problemas y necesidades actuales no son discutidas por sus legisladores, o son postergadas por disputas políticas internas, desencuentros, crispación y escándalos personales de alcance mediático; sin embargo, el problema de fondo se encuentra en el electorado, precisamente en su desinterés y falta de responsabilidad al momento de votar por sus congresistas mediante voto preferencial.
La inmunidad parlamentaria es erróneamente comprendida como un privilegio a la función congresal, un blindaje personal de rango constitucional, pero de lo que estamos tratando es de una garantía institucional connatural al ejercicio de la función parlamentaria. La representación política se legitima con la elección ciudadana de sus congresistas; en consecuencia, las facultades que ponen en práctica durante su mandato son a nombre de la nación, entre ellas, se encuentra la función fiscalizadora que, para poder ejercerse, el parlamentario requiere de una protección para realizar una labor de control a la administración pública, que le permita poder emitir sus votos y opiniones sobre su investigación sin temor a ser denunciado por calumnia o difamación.
La labor parlamentaria para fiscalizar resultaría inviable sin el concurso de una garantía institucional que la proteja para descubrir y señalar irregularidades en la gestión gubernamental; por tanto, no se trata de un privilegio sino de una herramienta de trabajo, un “escudo” que impide que sea detenido en su labor como representante de los intereses nacionales. Por eso, resulta un problema del electorado elegir congresistas que no fiscalizan, que buscan con su elección protegerse de ser detenidos y enjuiciados por actos del pasado.
